Tribunales Tributarios y Aduaneros: amparo de los contribuyentes

Olga Feliú

Este mes entran en funciones los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) en la Región Metropolitana y en la V y VI regiones. Así lo dispuso la ley que los creó y estableció su implementación gradual en el país que se justificó en que ella permitiría contar con más tiempo para seleccionar al personal, sin tener un gran número de causas. La reforma ha sido exitosa en las regiones en que ha entrado en aplicación, sin embargo, el número de causas es inferior al proyectado; ello ha llevado al Ejecutivo a proponer al Parlamento una muy importante rebaja en la dotación de los nuevos y antiguos tribunales. Incluso, disminución del número de tribunales en la Región Metropolitana La modificación está en estudio en el Senado.



La reducción propuesta no ha sido bien acogida por la comunidad jurídica. El Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados de esta nueva judicatura han hecho presente la inconveniencia de las reducciones y la Corte Suprema informó su parecer contrario al cambio, considerándolo poco oportuno.

Sin embargo, atendido que el sistema lleva ya tres años de aplicación, esta iniciativa legislativa resulta muy conveniente para estudiar perfeccionamientos, particularmente, en cuanto a ampliación de la competencia. Desde luego el propio proyecto así lo señala y otorga derecho a los contribuyentes, cuyos juicios han sido anulados -por el error cometido por el SII- para proseguir sus acciones ante los Tribunales Tributarios. Esta proposición es altamente positiva, pero a ella debiera agregarse que en estos juicios no se devengarán intereses penales, tal como lo ha reconocido la Corte Suprema.

Es el momento de revisar la tutela de Hacienda sobre estos tribunales. Ella se manifiesta en la gestión administrativa que corresponde a una unidad relacionada con la Subsecretaría de Hacienda encargada, entre otros, de los medios informáticos, red computacional y sitio de Internet. Incluso, los recursos para el funcionamiento de los TTA están en el Presupuesto de Hacienda y no en el Poder Judicial como correspondería, y en él no está considerado el gasto, según la ley vigente. Más aún, en el llamado a concurso para los jueces de la Región Metropolitana se consideraron sólo cuatro cargos y no cinco.

Este tema fue debatido cuando se aprobó la ley de los TTA y fueron precisamente los Parlamentarios de la Alianza los que hicieron presente, fundadamente, la necesidad de preservar la autonomía de esta judicatura. En esa oportunidad, la Corte Suprema también manifestó su parecer contrario. Ahora, lo ha destacado la Asociación de Magistrados, dando ejemplos concretos sobre los problemas que se originan por esta intromisión del Ejecutivo en los tribunales, cuyas labores son jurisdiccionales.

La entrada en funcionamiento de estos tribunales es auspiciosa para el respeto de los derechos de los contribuyentes, con seguridad, su establecimiento dará origen a una mayor ocurrencia ante los tribunales ejerciendo la acción de amparo de derechos, contemplada en nuestro ordenamiento y que no ha sido particularmente utilizada, tal vez por falta de un conocimiento generalizado sobre su establecimiento. Desde 2009 está vigente el derecho al amparo de los contribuyentes a ocurrir ante los TTA, cuando consideren vulnerados los derechos que les asegura el constituyente: de propiedad, de ejercer actividades económicas y limitación al Estado de actuar como empresario, o de igualdad en el trato que deben recibir de él. Incluso, esta acción puede ejercerse personalmente, sin requerir abogado, pero es inconciliable con el recurso de protección que consagra la Constitución.

Así, el establecimiento en todo el país de los TTA es un paso adelante, y de trascendencia, en el Estado de Derecho. La reducción de las dotaciones aprobadas en la ley vigente es inconveniente y no debiera ser aprobada. Como lo hizo presente la Corte Suprema, esta medida es poco prudente.

Sin embargo, con ocasión del estudio de este proyecto deben estudiarse perfeccionamientos a la actual legislación, entre ellos, normas que mejoren la situación de los contribuyentes que hoy se ven obligados a pagar un interés penal de 1,5% mensual, entre otros, tratándose de juicios anulados por errores del Estado.